Muchos analistas políticos no cesan de bombardearnos con las virtudes
de nuestro sistema democrático. Sin tratar de negar su utilidad conviene
también precisar los muchos defectos que posee.
Se trata de una democracia representativa. En una democracia representativa se puede optar entre un sistema mayoritario (como en EE.UU. y Reino Unido) o proporcional (como Alemania, Italia, España,etc.). Nuestro sistema, aún siendo proporcional, se trata de una proporcionalidad corregida que favorece a las listas más votadas. Ambos presentan problemas. En el caso de EE.UU. y Reino Unido las minorías difícilmente obtienen representación, aunque tienen la ventaja de que eligen directamente a sus representantes. En nuestro sistema elegimos listas cerradas y bloqueadas, de tal manera que los ciudadanos elegimos como representantes a candidatos que nos imponen las fuerzas políticas y a los que desconocemos en su mayoría. Además, aunque sea en principio proporcional, la aplicación de la ley D'Hondt sobre 50 circunscripciones hace que favorezca a los grandes partidos (o a aquellos que como los nacionalistas concentren sus votos en pocas circunscripciones). Esto produce distorsiones que afectan incluso a los votantes a la hora de hacerlo, como sucede con el llamado voto útil. Muchos votantes de una tendencia política eligen de entre los partidos que más concuerdan con sus ideas aquél que más posibilidades de victoria tiene. De tal manera que PP y PSOE resultan favorecidos respecto a UpyD e IU, por ejemplo, tanto por la aplicación de la ley D'Hondt como en la influencia que la aplicación de dicha ley ejerce sobre la decisión de los electores. En cualquier caso, sea proporcional o mayoritario, ambos reflejan la voluntad popular de manera sesgada. Lógicamente la aprobación de la ley electoral corresponde a las mayorías, por lo que éstas no tienen el más mínimo interés en cambiarla. A no ser, como está proponiendo el PP, en su propio beneficio.
Por tanto, aunque lógicamente una democracia asamblearia es a todas luces inoperante, además de que los ciudadanos tienen otras preocupaciones y asuntos que atender más allá de la política, sería exigible por parte de los mismos que les dieran más posibilidades de participación, no solo votar cada cuatro años. Es decir, democracia representativa, pero más participativa, sin excluir la decisión directa por parte de los ciudadanos vía referéndum vinculante. También habría que plantearse el fenómeno de Internet como medio de participación política.
Titulo democracia controlada porque así se diseñó desde la misma Constitución. Tenemos por ejemplo que el artículo 92 de la Constitución establece que solo el gobierno central puede proponer al rey la celebración de un referéndum, que en cualquier caso solo sería consultivo. Lo primero es una forma de limitar las posibilidades de expresión de los ciudadanos, lo segundo consiste en tutelar la decisión de los mismos. Considerar que un referéndum solo puede ser consultivo es hacer que el poder político puede imponer su decisión a lo que éstos decidan directamente. Cuando elegimos a los políticos pocas personas coinciden en su totalidad con sus propuestas, elegimos a los que más se acercan a nuestras posiciones. Por tanto aplicando el sentido común no puede prevalecer la decisión de unos representantes sobre la decisión directa del pueblo. Como ejemplo tenemos como el partido socialista después de lo que votaron los ciudadanos sobre el referéndum de la OTAN, años después no respetó el resultado de aquella consulta cuando intervino militarmente en la antigua Yugoslavia y cuando ingresamos en la estructura militar aliada. No se trata en estos momentos de discutir sobre la idoneidad de nuestra pertenencia o no a la alianza militar, sino que carece de legitimidad que un gobierno tome decisiones por encima de lo que decidió el pueblo directamente. En el caso catalán nos encontramos en la situación de que les impiden pronunciarse. No se trata ahora de hablar sobre la independencia o no de Cataluña, sobre a quien le corresponde decidir, sino a defender el derecho de todos los ciudadanos a expresarse y, estableciendo las condiciones, a decidir.
Por una parte al tratarse de un sistema parlamentario, la separación en tres poderes que estableció Montesquieu en el siglo XVIII queda reducida, en la práctica, a solo dos (famosa es la frase “politización de la justicia y judicialización de la política”), poder político y poder legislativo. El poder ejecutivo ha absorbido al legislativo. La Constitución establece la prioridad de la iniciativa legislativa del ejecutivo sobre el resto de actores legitimados (incluido el propio legislativo) para llevarla a cabo. El ejecutivo además de la potestad de desarrollo reglamentario de las leyes, que le es propia, tiene la capacidad de dictar Decretos-leyes y decretos legislativos, aunque requieran la autorización parlamentaria. Además una persona puede ser titular de ambos poderes, como sucede con la mayoría de los miembros del gobierno.
Pero tal y como esta diseñado nuestro sistema, en la práctica este control es aún mayor. En las elecciones a los ciudadanos nos convocan para elegir a nuestros representantes en Cortes, pero realmente se plantean como si fueran unas elecciones presidenciales. Nos llaman a elegir entre cabezas de lista que son los que aparecen en los carteles electorales, pero nosotros solo elegimos a los diputados que correspondan a nuestra circunscripción, con el convencimiento de que estos elegirán posteriormente como presidente a su líder. Se da la paradoja de que nos plantean unas cuasi elecciones presidenciales y éstas son legislativas.
Además nuestros parlamentarios están de hecho sometidos a la férrea disciplina de los partidos, de tal manera que la camarilla dirigente de cada partido es la que decide, ellos solo se limitan a apretar el botón. Tenemos que nuestra sistema presenta la paradoja, por no llamarla aberración, de que los parlamentarios son dueños formalmente de su voto pero a su vez han de obedecer consignas de partido, a esto lo llaman “democracia interna”. Es decir algo tan curioso como que la mayoría de un grupo parlamentario decide por todos, Si no lo hacen los multan y lo verdaderamente coercitivo, el convencimiento de que en los próximos comicios no irán en las listas. Y no les duelen prendas de reconocerlo públicamente. Ya que ellos son los legisladores que decidan, verdaderos representantes del pueblo o que se quiten la careta que con que solo haya un representante por grupo parlamentario con el poder proporcional que le corresponda nos basta. Nos ahorraríamos muchos salarios.
Prefiero no hablar de un Senado, que al contrario que sucede en otros países, carece de real poder decisorio. Podrían modificarlo, porque ahora solo sirve para que Griñán eluda a la jueza Alaya y pagar unos cientos de generosos estipendios. Si no, que lo supriman. De ellos es de quien depende hacerlo.
Hablaba de un sistema con dos poderes, político y judicial, pero hay que tener en cuenta que el político con su voracidad trata de controlar al judicial. Así tenemos el aforamiento de que gozan, nivel de fuero que no es común a la mayoría de los países de nuestro entorno. Hacen manifestaciones de querer modificarlo pero ahí sigue, casi pretenden que les tengamos lástima por solo disponer de una instancia judicial. Tenemos que la elección del CGPJ les corresponde. Tiene sentido que sean los representantes del pueblo los que elijan el órgano de gobierno de un poder del Estado y que no lo hagan meros funcionarios como serían los jueces; pero no es menos cierto que este órgano que eligen es el que nombra a los jueces del Supremo, a quienes correspondería juzgarlos en un momento dado. Creo que con esto cerramos el círculo. Para más INRI tenemos la institución del indulto, donde el ejecutivo tiene la posibilidad de modificar decisiones judiciales y no tiene ni que motivarlo. No es que haya que acabar con esta posibilidad para el condenado (faculta para corregir algunas decisiones de los jueces que no permite la rigidez legal) pero podrían exigir el apoyo del tribunal sentenciador y además podrían atribuirle este derecho de gracia al mismo poder judicial. Que fueran los propios jueces los que decidieran sobre cuestiones de ámbito judicial. Evitaríamos suspicacias sobre algunos indultos y se evitaría que España fuera uno de los países de nuestro entorno que más indultos concede.
Aunque me resulta criticable el sistema norteamericano en muchos aspectos (como la financiación privada de las campañas, con lo que supone de manipulación por parte del gran capital) envidio el hecho de que elijan de forma separada a su presidente y a sus legisladores, verdadera separación de poderes. Envidio también que los electores sepan a que representantes eligen y que no los impongan los partidos. Envidio ver a los asesores de Obama negociando en ocasiones senador por senador y no con los gerifaltes de los partidos. Envidio que la Jefatura de Estado sea elegida y no heredada. Envidio que convoquen consultas populares (referéndumes) sin tantas limitaciones como en nuestro país.
Tristemente nos encontramos con que la mayoría de los dirigentes de los partidos han tenido que hacer carrera en sus partidos (como Susana Díaz) y que las cúpulas de los mismos deciden sobre las listas electorales. Así a los poderes económicos y otros poderes fácticos les resulta más fácil controlar al poder político. Después ya solo les basta con controlar también los medios de comunicación. Si alguien solicita profundizar en nuestra democracia nos recuerdan los fantasmas del pasado y nos dicen que la perfección democrática se alcanzó con la Constitución de 1.978. Eso sí, con Podemos e Internet les ha salido un grano.
Se trata de una democracia representativa. En una democracia representativa se puede optar entre un sistema mayoritario (como en EE.UU. y Reino Unido) o proporcional (como Alemania, Italia, España,etc.). Nuestro sistema, aún siendo proporcional, se trata de una proporcionalidad corregida que favorece a las listas más votadas. Ambos presentan problemas. En el caso de EE.UU. y Reino Unido las minorías difícilmente obtienen representación, aunque tienen la ventaja de que eligen directamente a sus representantes. En nuestro sistema elegimos listas cerradas y bloqueadas, de tal manera que los ciudadanos elegimos como representantes a candidatos que nos imponen las fuerzas políticas y a los que desconocemos en su mayoría. Además, aunque sea en principio proporcional, la aplicación de la ley D'Hondt sobre 50 circunscripciones hace que favorezca a los grandes partidos (o a aquellos que como los nacionalistas concentren sus votos en pocas circunscripciones). Esto produce distorsiones que afectan incluso a los votantes a la hora de hacerlo, como sucede con el llamado voto útil. Muchos votantes de una tendencia política eligen de entre los partidos que más concuerdan con sus ideas aquél que más posibilidades de victoria tiene. De tal manera que PP y PSOE resultan favorecidos respecto a UpyD e IU, por ejemplo, tanto por la aplicación de la ley D'Hondt como en la influencia que la aplicación de dicha ley ejerce sobre la decisión de los electores. En cualquier caso, sea proporcional o mayoritario, ambos reflejan la voluntad popular de manera sesgada. Lógicamente la aprobación de la ley electoral corresponde a las mayorías, por lo que éstas no tienen el más mínimo interés en cambiarla. A no ser, como está proponiendo el PP, en su propio beneficio.
Por tanto, aunque lógicamente una democracia asamblearia es a todas luces inoperante, además de que los ciudadanos tienen otras preocupaciones y asuntos que atender más allá de la política, sería exigible por parte de los mismos que les dieran más posibilidades de participación, no solo votar cada cuatro años. Es decir, democracia representativa, pero más participativa, sin excluir la decisión directa por parte de los ciudadanos vía referéndum vinculante. También habría que plantearse el fenómeno de Internet como medio de participación política.
Titulo democracia controlada porque así se diseñó desde la misma Constitución. Tenemos por ejemplo que el artículo 92 de la Constitución establece que solo el gobierno central puede proponer al rey la celebración de un referéndum, que en cualquier caso solo sería consultivo. Lo primero es una forma de limitar las posibilidades de expresión de los ciudadanos, lo segundo consiste en tutelar la decisión de los mismos. Considerar que un referéndum solo puede ser consultivo es hacer que el poder político puede imponer su decisión a lo que éstos decidan directamente. Cuando elegimos a los políticos pocas personas coinciden en su totalidad con sus propuestas, elegimos a los que más se acercan a nuestras posiciones. Por tanto aplicando el sentido común no puede prevalecer la decisión de unos representantes sobre la decisión directa del pueblo. Como ejemplo tenemos como el partido socialista después de lo que votaron los ciudadanos sobre el referéndum de la OTAN, años después no respetó el resultado de aquella consulta cuando intervino militarmente en la antigua Yugoslavia y cuando ingresamos en la estructura militar aliada. No se trata en estos momentos de discutir sobre la idoneidad de nuestra pertenencia o no a la alianza militar, sino que carece de legitimidad que un gobierno tome decisiones por encima de lo que decidió el pueblo directamente. En el caso catalán nos encontramos en la situación de que les impiden pronunciarse. No se trata ahora de hablar sobre la independencia o no de Cataluña, sobre a quien le corresponde decidir, sino a defender el derecho de todos los ciudadanos a expresarse y, estableciendo las condiciones, a decidir.
Por una parte al tratarse de un sistema parlamentario, la separación en tres poderes que estableció Montesquieu en el siglo XVIII queda reducida, en la práctica, a solo dos (famosa es la frase “politización de la justicia y judicialización de la política”), poder político y poder legislativo. El poder ejecutivo ha absorbido al legislativo. La Constitución establece la prioridad de la iniciativa legislativa del ejecutivo sobre el resto de actores legitimados (incluido el propio legislativo) para llevarla a cabo. El ejecutivo además de la potestad de desarrollo reglamentario de las leyes, que le es propia, tiene la capacidad de dictar Decretos-leyes y decretos legislativos, aunque requieran la autorización parlamentaria. Además una persona puede ser titular de ambos poderes, como sucede con la mayoría de los miembros del gobierno.
Pero tal y como esta diseñado nuestro sistema, en la práctica este control es aún mayor. En las elecciones a los ciudadanos nos convocan para elegir a nuestros representantes en Cortes, pero realmente se plantean como si fueran unas elecciones presidenciales. Nos llaman a elegir entre cabezas de lista que son los que aparecen en los carteles electorales, pero nosotros solo elegimos a los diputados que correspondan a nuestra circunscripción, con el convencimiento de que estos elegirán posteriormente como presidente a su líder. Se da la paradoja de que nos plantean unas cuasi elecciones presidenciales y éstas son legislativas.
Además nuestros parlamentarios están de hecho sometidos a la férrea disciplina de los partidos, de tal manera que la camarilla dirigente de cada partido es la que decide, ellos solo se limitan a apretar el botón. Tenemos que nuestra sistema presenta la paradoja, por no llamarla aberración, de que los parlamentarios son dueños formalmente de su voto pero a su vez han de obedecer consignas de partido, a esto lo llaman “democracia interna”. Es decir algo tan curioso como que la mayoría de un grupo parlamentario decide por todos, Si no lo hacen los multan y lo verdaderamente coercitivo, el convencimiento de que en los próximos comicios no irán en las listas. Y no les duelen prendas de reconocerlo públicamente. Ya que ellos son los legisladores que decidan, verdaderos representantes del pueblo o que se quiten la careta que con que solo haya un representante por grupo parlamentario con el poder proporcional que le corresponda nos basta. Nos ahorraríamos muchos salarios.
Prefiero no hablar de un Senado, que al contrario que sucede en otros países, carece de real poder decisorio. Podrían modificarlo, porque ahora solo sirve para que Griñán eluda a la jueza Alaya y pagar unos cientos de generosos estipendios. Si no, que lo supriman. De ellos es de quien depende hacerlo.
Hablaba de un sistema con dos poderes, político y judicial, pero hay que tener en cuenta que el político con su voracidad trata de controlar al judicial. Así tenemos el aforamiento de que gozan, nivel de fuero que no es común a la mayoría de los países de nuestro entorno. Hacen manifestaciones de querer modificarlo pero ahí sigue, casi pretenden que les tengamos lástima por solo disponer de una instancia judicial. Tenemos que la elección del CGPJ les corresponde. Tiene sentido que sean los representantes del pueblo los que elijan el órgano de gobierno de un poder del Estado y que no lo hagan meros funcionarios como serían los jueces; pero no es menos cierto que este órgano que eligen es el que nombra a los jueces del Supremo, a quienes correspondería juzgarlos en un momento dado. Creo que con esto cerramos el círculo. Para más INRI tenemos la institución del indulto, donde el ejecutivo tiene la posibilidad de modificar decisiones judiciales y no tiene ni que motivarlo. No es que haya que acabar con esta posibilidad para el condenado (faculta para corregir algunas decisiones de los jueces que no permite la rigidez legal) pero podrían exigir el apoyo del tribunal sentenciador y además podrían atribuirle este derecho de gracia al mismo poder judicial. Que fueran los propios jueces los que decidieran sobre cuestiones de ámbito judicial. Evitaríamos suspicacias sobre algunos indultos y se evitaría que España fuera uno de los países de nuestro entorno que más indultos concede.
Aunque me resulta criticable el sistema norteamericano en muchos aspectos (como la financiación privada de las campañas, con lo que supone de manipulación por parte del gran capital) envidio el hecho de que elijan de forma separada a su presidente y a sus legisladores, verdadera separación de poderes. Envidio también que los electores sepan a que representantes eligen y que no los impongan los partidos. Envidio ver a los asesores de Obama negociando en ocasiones senador por senador y no con los gerifaltes de los partidos. Envidio que la Jefatura de Estado sea elegida y no heredada. Envidio que convoquen consultas populares (referéndumes) sin tantas limitaciones como en nuestro país.
Tristemente nos encontramos con que la mayoría de los dirigentes de los partidos han tenido que hacer carrera en sus partidos (como Susana Díaz) y que las cúpulas de los mismos deciden sobre las listas electorales. Así a los poderes económicos y otros poderes fácticos les resulta más fácil controlar al poder político. Después ya solo les basta con controlar también los medios de comunicación. Si alguien solicita profundizar en nuestra democracia nos recuerdan los fantasmas del pasado y nos dicen que la perfección democrática se alcanzó con la Constitución de 1.978. Eso sí, con Podemos e Internet les ha salido un grano.
Fermín.
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