Estamos en pleno debate sobre la monarquía y conviene hacer algunas puntualizaciones.
Tras el fallecimiento del general Franco D. Juan Carlos accedió a la Jefatura del Estado como sucesor del dictador a título de rey. Se encontró con un enorme poder que cedió en el proceso de transición democrática lo cual debemos agradecer todos los españoles. Evidentemente fue un acto de generosidad, pero ineludible si aspiraba a que la monarquía fuera asimilable a las monarquías europeas (lo contrario hubiera sido alinearse con otras monarquías como la marroquí o saudí, con las que tan buenas relaciones mantiene). Ineludible también por el ansia de libertad de la sociedad española de la época que no hubiera entendido algo diferente. Por tanto un acto de generosidad sí, pero también obligado.
El proceso de transición fue pilotado conjuntamente por el rey y Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Éste, proveniente del régimen anterior lo que no conviene olvidar, pero consciente de los nuevos tiempos históricos que vivíamos y de la necesidad de convertir a España en una democracia homologable a la de los países de su entorno y que dejara atrás el aislacionismo histórico de nuestro país.
Fue un proceso de transición en el que se pasó de un régimen dictatorial a una democracia de forma pacífica y respetando los procedimientos de la legalidad establecida. Dicho proceso culminó con la aprobación de la Constitución en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1.978 y entró en vigor el 27 de diciembre de ese mismo año. En esta constitución, aprobada por consenso y en un momento histórico determinado, introdujeron el Título II De la Corona donde se estableció las características de nuestra monarquía parlamentaria. La Constitución establece para la reforma de dicho título unas condiciones más severas que las necesarias para reformar, con alguna excepción, el resto de la misma. Una constitución, ya de por si rígida, establece mayores rigideces para modificar nuestra monarquía constitucional y convertirla en una república. Evidentemente la Constitición se votó como un todo, sin que hubiera un debate sobre la monarquía. Así, y en vista de los tiempos que corrían y del ansia de libertades de la población, la mayoría de los republicanos la apoyaron. Entre ellos el propio PSOE..
Evidentemente, en pleno siglo XXI, la monarquía no es más que una reminiscencia de un pasado feudal ya superado y que deberá desaparecer. No es comprensible que el Jefe de Estado de nuestro país, primera magistratura del mismo, no sea elegido por el pueblo, sino que sea una cuestión de herencia y a la que no pueden acceder el común de los españoles, sino sólo uno de ellos de apellido Borbón.
Nadie duda de la capacidad del futuro Felipe VI pero, ¿qué hay detrás si sucediera alguna desgracia? ¿Unas niñas que ocuparían el trono a la edad de 18 años, edad en la que su primera preocupación debieran ser sus estudios y sus relaciones con jóvenes? ¿Una infanta que no destaca por su especial inteligencia? ¿Marnie? Es claro que la monarquía no garantiza la capacidad del que ha de ser Jefe del Estado, y aunque tuviera una demostrada capacidad no cuenta con el apoyo explícito del pueblo español. Sólo con la legitimidad legal que le da un texto de hace 36 años que se aprobó como un todo en las condiciones que se aprobó. En cualquier caso por el bien de nuestro país larga vida al futuro rey.
Digo que el Sr. Lara se equivoca porque la cuestión no es plantear un referéndum, que en cualquier caso carecería de fuerza vinculante, ya que la decisión en última instancia correspondería a las Cortes Generales. La cuestión es que se imponga el sentido común y pasemos a una república que es lo que más se corresponde con los tiempos actuales.
Los conservadores, como su nombre indica y como ha sido su función a lo largo de la historia, tienden a mantener el sistema vigente, a defender las tradiciones. Sin embargo la historia evoluciona, y pese a su oposición, han de imponerse ideas modernas como normalmente, con alguna involución, ha sucedido a lo largo de la historia.
No deben utilizar el discurso del miedo, no estamos ni en la década de los 30 ni en el final de la dictadura franquista. Las transición a una república ha de hacerse de forma civilizada, respetando la legalidad (una constitución que blinda la monarquía) como se hizo a la muerte del dictador, pero legalidad que establece asimismo una serie de recursos como el derecho de manifestación que los republicanos hemos de usar para obligar a que una mayoría, altamente exigente de ambas cámaras, proceda a modificar la Constitución.
No debemos aceptar paternalismos, ni una monarquía que genera dudas sobre el propio patrimonio del rey, del que ni la Casa del Rey aclara ni su cuantía ni su origen; donde hay dudas sobre si el actual rey tiene o ha tenido dinero en Suiza, cuando el común de los españoles tiene el dinero en nuestro país aunque no estén dando continuos gritos de “Viva España”; donde hay dudas muy razonables sobre las presiones de la Casa Real y el Gobierno sobre la independencia del poder judicial en el asunto de la imputación de la infanta Cristina, además del penoso espectáculo de la fiscalía, que tiene dependencia jerárquica y cuya cúspide es el Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento depende del Gobierno.
No debemos entrar en exigir un referéndum, porque en el probable caso de que ganara la opción de mantener la monarquía, ¿debemos esperar otros 36 años para consultar de nuevo a la población? Si al Sr. Rajoy los ciudadanos debemos proceder a examinar a finales de 2.015 como muy tarde. ¿No parece lógico que los ciudadanos decidamos sobre nuestro Jefe de Estado cada cuatro o cinco años? En todo caso, y aunque no parezca una solución razonable, deberíamos al menos celebrar un referéndum de forma períodica para conocer de forma actualizada el sentir del pueblo sobre la cuestión monárquica.
En cualquier caso muchas gracias por los servicios prestados por Juan Carlos I.
Tras el fallecimiento del general Franco D. Juan Carlos accedió a la Jefatura del Estado como sucesor del dictador a título de rey. Se encontró con un enorme poder que cedió en el proceso de transición democrática lo cual debemos agradecer todos los españoles. Evidentemente fue un acto de generosidad, pero ineludible si aspiraba a que la monarquía fuera asimilable a las monarquías europeas (lo contrario hubiera sido alinearse con otras monarquías como la marroquí o saudí, con las que tan buenas relaciones mantiene). Ineludible también por el ansia de libertad de la sociedad española de la época que no hubiera entendido algo diferente. Por tanto un acto de generosidad sí, pero también obligado.
El proceso de transición fue pilotado conjuntamente por el rey y Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Éste, proveniente del régimen anterior lo que no conviene olvidar, pero consciente de los nuevos tiempos históricos que vivíamos y de la necesidad de convertir a España en una democracia homologable a la de los países de su entorno y que dejara atrás el aislacionismo histórico de nuestro país.
Fue un proceso de transición en el que se pasó de un régimen dictatorial a una democracia de forma pacífica y respetando los procedimientos de la legalidad establecida. Dicho proceso culminó con la aprobación de la Constitución en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1.978 y entró en vigor el 27 de diciembre de ese mismo año. En esta constitución, aprobada por consenso y en un momento histórico determinado, introdujeron el Título II De la Corona donde se estableció las características de nuestra monarquía parlamentaria. La Constitución establece para la reforma de dicho título unas condiciones más severas que las necesarias para reformar, con alguna excepción, el resto de la misma. Una constitución, ya de por si rígida, establece mayores rigideces para modificar nuestra monarquía constitucional y convertirla en una república. Evidentemente la Constitición se votó como un todo, sin que hubiera un debate sobre la monarquía. Así, y en vista de los tiempos que corrían y del ansia de libertades de la población, la mayoría de los republicanos la apoyaron. Entre ellos el propio PSOE..
Evidentemente, en pleno siglo XXI, la monarquía no es más que una reminiscencia de un pasado feudal ya superado y que deberá desaparecer. No es comprensible que el Jefe de Estado de nuestro país, primera magistratura del mismo, no sea elegido por el pueblo, sino que sea una cuestión de herencia y a la que no pueden acceder el común de los españoles, sino sólo uno de ellos de apellido Borbón.
Nadie duda de la capacidad del futuro Felipe VI pero, ¿qué hay detrás si sucediera alguna desgracia? ¿Unas niñas que ocuparían el trono a la edad de 18 años, edad en la que su primera preocupación debieran ser sus estudios y sus relaciones con jóvenes? ¿Una infanta que no destaca por su especial inteligencia? ¿Marnie? Es claro que la monarquía no garantiza la capacidad del que ha de ser Jefe del Estado, y aunque tuviera una demostrada capacidad no cuenta con el apoyo explícito del pueblo español. Sólo con la legitimidad legal que le da un texto de hace 36 años que se aprobó como un todo en las condiciones que se aprobó. En cualquier caso por el bien de nuestro país larga vida al futuro rey.
Digo que el Sr. Lara se equivoca porque la cuestión no es plantear un referéndum, que en cualquier caso carecería de fuerza vinculante, ya que la decisión en última instancia correspondería a las Cortes Generales. La cuestión es que se imponga el sentido común y pasemos a una república que es lo que más se corresponde con los tiempos actuales.
Los conservadores, como su nombre indica y como ha sido su función a lo largo de la historia, tienden a mantener el sistema vigente, a defender las tradiciones. Sin embargo la historia evoluciona, y pese a su oposición, han de imponerse ideas modernas como normalmente, con alguna involución, ha sucedido a lo largo de la historia.
No deben utilizar el discurso del miedo, no estamos ni en la década de los 30 ni en el final de la dictadura franquista. Las transición a una república ha de hacerse de forma civilizada, respetando la legalidad (una constitución que blinda la monarquía) como se hizo a la muerte del dictador, pero legalidad que establece asimismo una serie de recursos como el derecho de manifestación que los republicanos hemos de usar para obligar a que una mayoría, altamente exigente de ambas cámaras, proceda a modificar la Constitución.
No debemos aceptar paternalismos, ni una monarquía que genera dudas sobre el propio patrimonio del rey, del que ni la Casa del Rey aclara ni su cuantía ni su origen; donde hay dudas sobre si el actual rey tiene o ha tenido dinero en Suiza, cuando el común de los españoles tiene el dinero en nuestro país aunque no estén dando continuos gritos de “Viva España”; donde hay dudas muy razonables sobre las presiones de la Casa Real y el Gobierno sobre la independencia del poder judicial en el asunto de la imputación de la infanta Cristina, además del penoso espectáculo de la fiscalía, que tiene dependencia jerárquica y cuya cúspide es el Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento depende del Gobierno.
No debemos entrar en exigir un referéndum, porque en el probable caso de que ganara la opción de mantener la monarquía, ¿debemos esperar otros 36 años para consultar de nuevo a la población? Si al Sr. Rajoy los ciudadanos debemos proceder a examinar a finales de 2.015 como muy tarde. ¿No parece lógico que los ciudadanos decidamos sobre nuestro Jefe de Estado cada cuatro o cinco años? En todo caso, y aunque no parezca una solución razonable, deberíamos al menos celebrar un referéndum de forma períodica para conocer de forma actualizada el sentir del pueblo sobre la cuestión monárquica.
En cualquier caso muchas gracias por los servicios prestados por Juan Carlos I.
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