Como
cada semana tenemos alguna novedad respecto de nuestros probos y
honrados políticos, a esta le ha tocado la imputación con cargos
concretos de Chaves y Griñán, amén de los segundones Viera y Zarrías
(segundón, pero con fama de ser la mano que mece la cuna del socialismo
andaluz).
Muchos de nuestros parlamentarios consideran que el
aforamiento no es un privilegio sino un perjuicio ya que solo disponen
de una instancia judicial. De seres con tanto conocimiento es de
imaginar que estarán en lo cierto y que lo asumen como un sacrificio
habida cuenta su vocación de servicio público. Para los tontos de
capirote se nos ocurre pensar que cuando no se marchan ni con agua
caliente algo tendrá el Supremo (a López Aguilar le sirvió para evitar
dormir una noche en el calabozo en aplicación de esa ley tan progre que
el promovió, por ejemplo). Griñán al dejar la presidencia se buscó
colocación en el Senado con la complicidad de los inocentones de IU a
los que después la felipesa traicionó como agradecimiento. Se marchó no
ha mucho haciéndose el digno, cuando realmente si lo hizo fue porque
sabía que el nuevo Parlamento no lo iba a volver a reelegir ni por el
forro. Viera (allá cada cual con su concepto de la palabra dignidad) se
ha agarrado al escaño como una garrapata y se ha marchado al Grupo Mixto
para que le dure algún mes más el fuero. Chaves y Zarrías dicen que se
irán, aunque hasta el momento no lo han hecho. A muchos de nuestros
políticos se les llena la boca diciendo que van a eliminar esta figura
tan “perjudicial” para ellos, pero o estoy mal informado o ahí sigue.
En
una ocasión la perversa nueva alcaldesa de la capital explicó de forma
bastante didáctica que nuestro sistema es muy garantista (sobre todo
para quienes pueden permitirse pagar a un abogado que presente recurso
tras recurso, en muchas ocasiones con clara intencionalidad dilatoria), y
si un juez dictaba una resolución inadecuada se podía recurrir a la
instancia superior para que la corrigiera si lo estimara oportuno. De
tal manera que el delito de prevaricación aplicado a un juez suponía en
la práctica una forma de mediatizar las actuaciones de jueces y
magistrados. Eso fue cuando todavía era una prestigiosa jurista, no
había pasado al lado oscuro y no había sufrido la terrible mutación que
la ha convertido en un ser diabólico. Como condenados por prevaricación
en los últimos tiempos conocemos a Elpidio Silva que tuvo el
atrevimiento de enchironar al amigo de Aznar o Garzón que investigaba
lo que se cocía en los aledaños del partido que nos gobierna. Sería
curioso conocer si se ha condenado por este delito a jueces que hayan
actuado contra Pepito García, Manolito Pérez, etc., etc. No estaría de
más conocer ese dato.
Este temor a ser acusados de prevaricación
parece que da sus réditos y obliga a los jueces a tener los apuntes de
cuando aprobaran la oposición al alcance de la mano, así como la más
nimia modificación jurídica porque saben las consecuencias que les puede
acarrear. Así el fiscal-defensor de la hermana de Su Preparada Majestad
llegó a presentar un recurso en tales términos que hizo explotar al
juez Castro conminándolo a que lo acusara de prevaricación si
consideraba cierto lo que expresaba en el escrito. No hay constancia de
que aún lo haya hecho y fue reprendido por el Tribunal competente sobre
su peculiar forma de ejercer su función fiscal. Pero curiosamente la
fiscalía, diseñada de tal manera en la práctica para que esté a la
orden del gobierno, al ser parte no puede incurrir en prevaricación. En
el caso del juez Ruz, más joven y con más años de carrera por delante,
es evidente (por mucho que lo critique el independiente Marhuenda) que
ha tenido mucho más cuidado en sus decisiones. Demasiado poco ha
encontrado en un partido al que tiene que ir la Guardia Civil a
registrar su sede, que realiza un formateo profesional de sus
ordenadores, el que ellos ya consideran un delincuente (sin sentencia
firme aún) es tan altruista que ha pagado de su dinero la sede, etc. Yo
matizaría al presidente del CGPJ en su declaración de que las leyes
están hechas para el robagallinas, y diría que la conjunción
aforamiento-prevaricación y tanta garantía (para el que la pueda pagar)
entre otras características están diseñadas para prácticamente
garantizar la impunidad de los poderosos.
Ante esta tesitura es
de destacar la capacidad de la jueza Alaya (que debe ser realmente
brillante como jurista) que ha sido capaz de seguir adelante con una
investigación con todo el aparato mediático pro PSOE en su contra, con
una administración autonómica (donde manda una tal Susana) colocándole
todo tipo de trabas en sus actuaciones, sufriendo hasta abucheos de
sindicalistas apesebrados, etc., etc. Eso sí, ya se la han quitado de en
medio (como a Ruz).
El juez instructor del Supremo ha destacado
que se elaboró un sistema desde 2.000 a 2.010, que carecía de unos
controles mínimos, que se realizaron 22 modificaciones presupuestarias
siguiendo una línea que facilitaba el fraude o que no es de recibo que
el nombramiento del interventor general sea realizado por aquellos a
los que ha de someter a escrutinio. A pesar de ello dicho interventor
dirigió un escrito al Parlamento en el que destacaba que los imputados
“cebaron sin descanso la partida de los ERE” y curiosamente no se enteró
ninguno de los imputados. Todo ello ha causado un gran perjuicio a las
arcas públicas de una de las comunidades más pobres del país siendo
llevada a cabo por los que presumen de defender a los más necesitados.
Entre estos “necesitados” están altos cargos de la Junta, empresas donde
trabajaban familiares de estos, sindicalistas de carrera y demás
hierbas.
Y esto lo ha orquestado el que Guerra llamó partido de
los “descamisados”. Da la impresión de que ya muchos de ellos han
conseguido algunos haberes con los que cubrirse el torso. El caso ERE es
en realidad un botón de muestra del nuevo caciquismo que se instaló en
Andalucía desde principios de la década de los ochenta. Los “favores”
ya no hay que pedírselos a los señoritos sino a los sociatas.
Los
medios afines destacan en su descargo que ni a Chaves ni a Griñán se
les acusa de enriquecimiento como algo positivo. Será así, al menos en
el caso de Chaves, porque recuerdo que cuando todavía manejábamos
pesetas el señor Chaves, ante el estupor de unos estudiantes que le
preguntaban en la cadena andaluza, declaró que solo poseía 300.000
pesetas en el banco (aunque no ha mucho declaró que ya tenía ahorrados
3.000 €, como el cambio que se realizó en los “todo a 100” más o menos,
vamos) y que prefería dedicar su dinero en la educación de sus hijos.
Pues hay que reconocer que dicha formación debió ser de gran calidad.
Paula Chaves al poco de acabar la licenciatura fue contratada por
Abengoa como apoderada (seguramente por su sobrada experiencia). Dicha
empresa recibió 1.712 millones en adjudicaciones y 3,7 en ayudas. Otra
empresa de la que también era apoderada recibió 10,1 millones de forma
irregular y ahora la felipesa tendrá que exigir su devolución. El
presidente de la Junta entonces se llamaba Manuel Chaves. Su hijo Iván
era investigado por una presunta vinculación con una trama de tráfico de
influencia de cohecho y corrupción en general acabando la investigación
cuando se destituyó al jefe de la Udyco (sería una coincidencia). Por
tanto es de esperar y desear que ya que su situación económica es
delicada sus hijos, por los que tanto se sacrificó, actúen como buenos
vástagos y colaboren en los gastos de su defensa. Necesitará abogados
que aburran a los jueces con recursos, que estén listos por si hay
posibilidad de acusar a algún juez de prevaricación, que si hay
posibilidad de prescripción la cacen al vuelo, etc. Para pagar a estos
abogados tan eficaces me parece que con 3.000 € no le va a alcanzar y
sería una injusticia que persona tan honrada y cabal fuera condenada
precisamente por prevaricación administrativa.
Fermín.
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